Ciudadano denuncia violaciones a derechos humanos y debido proceso por policías de Orizaba

Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver., 4 de octubre de 2025.- José Antonio Camarillo, taxista de Orizaba, denunció públicamente haber sido víctima de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 1 de octubre, responsabilizando directamente al director de la Policía Municipal, Mauricio Sosa, y a dos fiscales de la región.

En entrevista Antonio Camarillo explicó que el incidente ocurrió en la calle Oriente 7, entre Norte 10 y 12, del centro de Orizaba cuando al estar su taxi estacionado un motociclista intentó rebasarlo por la derecha en una calle de un solo carril, perdiendo el control e impactó un tercer vehículo, acusando injustamente al taxista de haber abierto la puerta.

Agregó que tras los hechos elementos de la Policía Municipal lo detuvieron y mantuvieron incomunicaron por tres días, impidiéndole contactar a su abogado, tiempo en el que se le negó la visita de familiares y no se le proveyó de alimentos ni agua. «Por más de 15 horas permanecí sin comer ni beber agua. Fue gracias a otros detenidos que me compartieron comida y líquido que pude subsistir hasta el tercer día», declaró el afectado.

El señor Camarillo señaló que, al cuestionar a los oficiales sobre el trato recibido, estos le habrían respondido que actuaban bajo órdenes de la fiscal de distrito, Xóchitl Jazmín Strafon Santos, y de la fiscal quinta de delitos diversos, Tomasa Patricia Márquez Canela, por lo que criticó la actuación del director de la policía municipal.

«Orizaba es una ciudad bonita y segura, pero no puede tener un director de policía tan ineficiente, que se presta a los caprichos de dos mujeres que, lejos de procurar justicia, violan nuestros derechos y el debido proceso», expresó con contundencia.

Finalmente, José Antonio Camarillo hizo un llamado urgente a la gobernadora del estado para que intervenga y revise las prácticas de la Fiscalía Regional en Orizaba, solicitándole que no permita que el prestigio de su administración «se vea manchado por presuntos abusos de autoridad y actos de impunidad».