Fiscalía de Orizaba, en parálisis, más de 8 meses sin judicializar casos

* Víctimas de violencia y abuso esperan justicia ante rezago

Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver., 3 de octubre de 2025.- El acceso a la justicia para delitos graves en la región de Orizaba se encuentra paralizado, por lo que litigantes del distrito judicial han levantado la voz para denunciar un severo rezago de al menos ocho meses en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, lo que ha dejado en el limbo legal a numerosos casos de violencia familiar, violación y delitos patrimoniales, entre otros.

De acuerdo con los profesionales del derecho, carpetas de investigación debidamente integradas incluso con periciales, informes médicos y elementos probatorios contundentes, yacen sin movimiento en fiscalías especializadas como la de Delitos contra la Mujer y la Familia, Atención Temprana y Delitos Contra Adolescentes dejando como resultado que no se den ni órdenes de aprehensión, ni judicialización de casos, a pesar de estar listos para proceder.

La raíz del problema, según los abogados, es una cadena de mando quebrada, pues los fiscales de cada área se encuentran con las manos atadas es decir imposibilitados para avanzar sin la firma o autorización directa de la fiscal de distrito, la maestra Xóchitl Jazmín Strafon Ortiz.

Sin embargo, el acceso a la funcionaria se ha vuelto “prácticamente imposible”, pues los litigantes señalan que la auxiliar de la fiscal, la licenciada Nancy, actúa como un filtro infranqueable, impidiendo cualquier acercamiento directo y argumentando que solo ella puede decidir si una conversación con la fiscal es necesaria. “El sistema está detenido. No hay órdenes de aprehensión, no hay judicialización, no hay justicia. Las víctimas están completamente desprotegidas”, afirmaron los denunciantes de manera categórica.

Los litigantes aseguran que esta parálisis burocrática tiene un costo humano incalculable y quienes más sufren las consecuencias son las víctimas de delitos que, tras dar el difícil paso de denunciar, se topan con un muro de inacción institucional, entre ellos sobrevivientes de violación, personas que sufren violencia intrafamiliar y ciudadanos afectados por delitos patrimoniales ven cómo su búsqueda de justicia se eterniza, vulnerando su derecho fundamental a una pronta reparación.

El argumento más reciente de las autoridades para justificar el rezago es que la fiscal se encuentra ocupada en operativos de cateo, lo que fue calificado por los abogados como insuficiente y fuera de contexto, ya que la crisis de estancamiento se arrastra desde hace al menos ocho meses.

Ante esta grave situación, los litigantes hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para que intervengan de inmediato y atiendan lo que han calificado como una “crisis operativa” al interior de la Fiscalía de Orizaba, con el fin de destrabar los procesos y restituir el derecho a la justicia que hoy les es negado a cientos de víctimas.