La falta de denuncias formales impide combatir el despojo de pensiones a adultos mayores en Orizaba

* La directora regional de programas de Bienestar confirmó que existen quejas en redes sociales

* Se hace un llamado a las víctimas y testigos a acudir a los centros integradores para dar seguimiento

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 25 de septiembre del 2025.- La ausencia de denuncias formales es la principal barrera para enfrentar el despojo de pensiones que sufren algunos adultos mayores por parte de sus familiares, admitió la titular de la Dirección Regional de los Programas de Bienestar en Orizaba, Itzel López, quien hizo un llamado urgente a las víctimas a romper el silencio y reportar estos abusos.

En entrevista, la funcionaria confirmó que han llegado a su conocimiento quejas informales, principalmente a través de redes sociales, sobre casos en los que hijos o cuidadores se apropian de las tarjetas bancarias de los beneficiarios para retirarles su dinero. Sin embargo, la falta de datos precisos y reportes oficiales imposibilita cualquier acción por parte de la institución.

“Si supiéramos el dato preciso, podríamos darles seguimiento. Hemos visto un video de una adulta mayor que externaba eso, pero no tenemos conocimiento de quién sea la persona, no se ha acercado”, explicó.

López señaló que el problema radica en que la vigilancia de la dependencia concluye una vez que el apoyo económico llega al adulto mayor a través de su tarjeta; lo que sucede después con los recursos dentro del seno familiar escapa a su ámbito de competencia, limitado únicamente a la operación logística de los programas sociales.

Ante esta limitante, hizo un enérgico llamado a la población —especialmente a los adultos mayores que son víctimas de esta violencia económica, así como a vecinos o testigos de estos hechos— a formalizar sus denuncias. “Es fundamental que las personas afectadas se acerquen a los centros integradores que tenemos en toda la región para que podamos intervenir. Sin una denuncia formal, nuestras manos están atadas”, afirmó.

Finalmente, la titular regional reconoció que se trata de un problema complejo que involucra “una falta de valores” en el núcleo familiar, pero insistió en que la única manera de generar mecanismos de protección específicos es contar con un registro real de la magnitud del fenómeno.