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Pensiones millonarias a exfuncionarios del periodo neoliberal son ofensivas; se analiza reforma constitucional: Claudia Sheinbaum

* Consideró que recibir un millón de pesos mensuales resulta indignante para el pueblo de México

* Quienes reciben pensiones cuantiosas podrán acercar de forma voluntaria para llegar a un acuerdo y recibir una modesta

Ciudad de México, 29 agosto del 2025.- El gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se analiza una reforma constitucional ante casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), que en algunos casos superan incluso el sueldo neto de la jefa del Ejecutivo federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que las pensiones millonarias otorgadas durante el periodo neoliberal resultan ofensivas para el pueblo, ya que son recursos del erario. Por ello, informó que los exfuncionarios que reciben pensiones elevadas pueden acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo voluntario con el fin de recibir una pensión modesta.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México: un millón de pesos mensuales, y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Tanto Luz y Fuerza como Pemex, estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios de todo el periodo neoliberal”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL) se paga actualmente un monto anual de 28,074 millones de pesos a 14,073 extrabajadores que reciben pensiones, de los cuales 9,457 (67 %) perciben entre 100 mil y 1 millón de pesos. De estos, 3,504 tienen una jubilación superior al sueldo neto de la presidenta de México.

En el caso de Pemex, detalló que se paga un monto anual de 24,844 millones de pesos a un padrón de 22,316 personas jubiladas, de las cuales 544 reciben más que las percepciones de la jefa del Ejecutivo federal por un total de 1,827 millones de pesos; y 618 casos cuya pensión es mayor al monto anual bruto de las percepciones del director general de Pemex.

Por ello, anunció que se han iniciado mesas de trabajo con la participación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE, la SHCP y Buen Gobierno, para revisar la legalidad de este tipo de pensiones. Además, se emitirá una circular para normar los requisitos de pase de supervivencia, de manera coordinada con las dependencias y entidades responsables de los casos de jubilación.

También se firmarán convenios de colaboración institucional con Renapo y los registros civiles, a fin de actualizar de manera ágil todos los padrones de pensión. Se emitirá un oficio regular para homologar la integración de expedientes y, paralelamente, se realiza una revisión jurídica y constitucional para mejorar el intercambio de información con autoridades estatales y lograr una mejor actualización del padrón de pensionados.

Respecto a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada ante el Tribunal de Distrito en Texas el 11 de agosto de 2025 e involucrando a dos exfuncionarios de Pemex, la secretaria puntualizó que el gobierno mexicano mantiene cero impunidad ante sobornos a exfuncionarios. Además, Pemex tuvo conocimiento de las investigaciones desde el 3 de abril de 2024 y, desde 2020, realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes de la investigación en Estados Unidos.

“Es importante destacar que, de estas dos personas, Ramón Alexandro Rovirosa siempre se ha desempeñado en el sector privado; Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al presidente López Obrador, incluso en Pemex se le inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de Oceanografía”, agregó.

Detalló que de los cuatro contratos investigados: dos se firmaron en administraciones previas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y concluyeron en 2020; otro inició en 2020, pero durante el proceso de asignación y licitación se hallaron irregularidades, por lo que se canceló y no fue adjudicado; y el cuarto contrato fue investigado y concluido de manera anticipada. Adicionalmente, Pemex inició cinco auditorías.

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