Hasta 60 años de cárcel para los responsables del secuestro de un comerciante en El Castillo, en Xalapa

* En septiembre de 2019, fueron responsables de privar de la libertad a J.J.R.O.

* Concepción “N” recibió seis décadas de condena; Cristhian Hazel “N”, Gustavo Eduardo “N” y Leticia “N” a 55 años cada uno

* El fallo también incluye el pago de una indemnización económica a favor de la víctima

Gildardo Lugo

Xalapa, Ver., 08 de agosto del 2025.- Tras un extenso proceso judicial, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) logró que un juez dictara sentencia contra cuatro personas acusadas de secuestrar a un comerciante dedicado a la venta de pollo en la localidad de El Castillo. Las penas de prisión impuestas en algunos casos superan los 50 años.

Concepción “N” recibió una condena de 60 años de prisión, mientras que Cristhian Hazel “N”, Gustavo Eduardo “N” y Leticia “N” fueron sentenciados a 55 años cada uno, al ser hallados responsables del delito de secuestro agravado cometido en septiembre de 2019.

El 21 de septiembre de ese año, la víctima, identificada como J.J.R.O., laboraba en su negocio ubicado en la colonia La Tranca cuando fue sometido por la fuerza por varios sujetos y trasladado a un lugar desconocido. Posteriormente, su familia comenzó a recibir llamadas en las que se exigía un rescate a cambio de su liberación.

Este hecho generó preocupación en la comunidad debido a que la víctima era un comerciante muy conocido en la zona. Vecinos comentaron que la noticia se difundió rápidamente, aumentando el temor por la seguridad regional.

Durante el juicio oral 78/2022, se presentaron testimonios, evidencias periciales y un trabajo minucioso de investigación por parte de la UECS, que culminó con la sentencia condenatoria. Además de las penas de prisión, a los sentenciados se les suspendieron sus derechos civiles y políticos durante el periodo de la condena.

El fallo también incluye el pago de una indemnización económica a favor de la víctima como reparación del daño causado.

Aunque las autoridades califican esta sentencia como un avance en la lucha contra el secuestro, diversas organizaciones civiles alertan que la problemática persiste en la región, recordando que el delito puede afectar a cualquier sector social y que los procesos judiciales son generalmente largos y complejos.