Despenalización del aborto, en manos de la nueva corte

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CDMX, 22 de junio de 2025.- El desempate en el Congreso de Guanajuato en favor de continuar penalizando el aborto abrió un nuevo capítulo en la historia mexicana de las resistencias políticas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Porque aun cuando la sentencia de la Suprema Corte de septiembre de 2021 empujó la despenalización en dos tercios de la República mexicana, todavía son nueve las entidades donde se castiga con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo.

Se trata de una resistencia en la que confluyen factores diversos en un momento de cambio de época en el Poder Judicial y cuando ha perdido fuerza la promesa legislativa que, en 2018, abanderaron las feministas de Morena de que con el primer gobierno de izquierda se garantizaría el derecho a decidir ya consagrado en la Constitución.

Sea por consideraciones electorales, presiones religiosas, alta representación política de sectores conservadores y nuevos alegatos jurídicos, en Durango, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes continúan vigentes los códigos que penalizan el derecho a decidir.

AGUASCALIENTES, EL ANTECEDENTE

De manera que para defensores del derecho a decidir como el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), Aguascalientes se encuentra en la lista donde las mujeres son criminalizadas por aplicarse un aborto en un momento legalmente permitido por la sentencia de la Corte.

Ese fue el primer enfrenón de la ola de congresos estatales que cedió a la presión de la marea verde, protagonizada por jóvenes universitarias que retomaron la bandera de las activistas históricas, y que este 5 de junio experimentó su bache mayor en Guanajuato.

Porque el rechazo a la despenalización de los congresistas de esa entidad ocurre en medio de la transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha generado incertidumbre respecto al alcance que en el futuro tendrán sus sentencias, las cuales obligaron a varios poderes legislativos estatales a acatar la resolución de 2021 que consideró inconstitucional cualquier penalización del aborto voluntario.

A partir del primero de septiembre próximo, los ministros electos en las urnas el primero de junio tomarán posesión. Y será en la nueva Suprema Corte que se resolverán los recursos judiciales —demandas de amparo— como el anunciado por la diputada Sandra Pedroza al concluir la sesión del día 5 en que se votó en contra de su propuesta de despenalización.

PENALIZAR, PROMESA DE CAMPAÑA

Y es que bajo el argumento de que hay mujeres forzadas a interrumpir un embarazo, el partido gobernante en la entidad, Acción Nacional, se negó tajantemente a ceder al movimiento de las mascadas verdes, asumiendo abiertamente que defender el derecho a la vida desde la concepción había sido una promesa de campaña.

Paradójicamente, también durante la disputa electoral, la primera gobernadora guanajuatense, la panista Libia García Muñoz Ledo, se comprometió a garantizar el derecho a decidir.

Pero ante el empate que originalmente hubo en el Congreso estatal, la mandataria argumentó que sería respetuosa de lo que definieran los legisladores y que no entraría en conflicto con los representantes de su partido.

Se argumentó de manera mañosa que los criterios establecidos por la Suprema Corte, en las diferentes sentencias, no obligaban al estado de Guanajuato, específicamente a las y los legisladores del Congreso del estado de Guanajuato a reformar el Código Penal. Es una interpretación mañosa porque la Suprema Corte ha sido reiterativa en transmitir el mensaje de que la criminalización absoluta del aborto es una violación grave a los derechos humanos de las personas”, advirtió al evaluar lo sucedido Francisco Cué, de GIRE.

El vuelco en Guanajuato fue posible porque una diputada del PVEM, Itzel Mendo, que una semana atrás votó por la despenalización, en la segunda vuelta dijo haberse arrepentido e inclinó la balanza para un desempate en favor de la posición panista.

Lo que podría considerarse una anécdota personal, aislada, es un síntoma de la polarización que el tema ha generado históricamente en México, regresando la división a una especie de 50-50 por ciento.

Pero también es una evidencia de que los cálculos político-electorales vuelven a imponerse por encima de los reclamos en pro de la autonomía de las mujeres, favoreciendo la resistencia a la despenalización.

Y es que en el caso de la congresista que rompió el empate resultó significativa su filiación del PVEM, un aliado de Morena, partido gobernante que, sin embargo, en los hechos, no le dio al derecho a decidir ninguna prioridad en la agenda legislativa federal.

Mientras el diputado local Arturo Espadas alegaba que la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural era una promesa de campaña finalmente cumplida por el PAN, la diputada Pedraza, de MC, confiaba en que este revés a los derechos de las mujeres sería cobrado en las urnas en 2027.

La senadora Malú Micher de Morena y de Guanajuato, pionera en el impulso de esta causa, alerta que en el reciente debate intervinieron, violentando el Estado laico, representantes de grupos religiosos que durante la sesión estuvieron rezando, en medio de diversas expresiones de sus respectivos cultos. “Sólo faltó que se celebrara una misa ahí adentro”. 

UNA DEUDA DEL CONGRESO

La moneda está en el aire. Aunque en los hechos, las morenistas feministas todavía no consiguieron un cambio legislativo a nivel federal ni dictámenes a favor de las dos iniciativas presentadas en lo que va de la 66 legislatura: una del senador Saúl Monreal Ávila y otra de la diputada Mariana Benítez Tiburcio para reformar el Código Penal Federal.

La petista Lilia Aguilar también ha presentado una en el mismo sentido.

Y quedó pendiente que se concretara el anuncio en 2024 de la diputada Julieta Vences de que presentaría una reforma con el respaldo de su compañera de bancada y ministra en retiro Olga Sánchez.

Apenas el miércoles 4 de junio, la bancada de MC en la Cámara de Diputados presentó otra iniciativa que incluye cambios en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud para empujar la despenalización en las entidades pendientes y llamaron a las parlamentarias de Morena a sumarse a esta causa común.

“Hay una deuda histórica que tiene el Congreso mexicano desde hace muchos años con las mujeres y las niñas mexicanas para que puedan decidir sobre su propio cuerpo”, señala la diputada Laura Ballesteros (MC):

Considera lamentable que la Comisión de Justicia de San Lázaro no tenga hoy un dictamen en la materia, por falta de voluntad porque iniciativas hubo desde la legislatura anterior.

Pese a que las propuestas están ahí, el ímpetu que existió hace cinco años se diluyó.

¿Y LA PRIMAVERA DEL 2020?

Entonces, después de la llamada primavera morada, la de las marchas multitudinarias el día 8 de marzo, en septiembre de 2020, durante la 64 legislatura, diputadas de Morena, PRI, MC y PRD sumaron sus voces para señalar que era inaplazable reconocer la interrupción legal del embarazo, y que el Estado debía asumir su compromiso de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y su acceso a servicios de salud.

Esa vez, en septiembre de ese año, mediante una videoconferencia, varias legisladoras anunciaron que trabajaban en una iniciativa plural, suscrita por más de 140 diputadas y diputados, a fin de reformar las leyes generales de Salud, de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, buscando garantizar en todo el país la interrupción legal del embarazo y que se brindaran los servicios de salud reproductivos y sexuales a las mujeres.

Nada de eso ocurrió. Pero a falta de una reforma legislativa, la sentencia de la SCJN un año después, canalizó los reclamos de la ola verde mexicana que hoy parece haberse topado con el muro del conservadurismo.