* «Ni con los rateros hacen esto. Nos mandaron drones y antimotines, pero solo somos gente que pide agua y trabajo», señalaron

* La comunidad responsabiliza a la empresa Ferrosur por la contaminación y escasez del líquido

 

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Acultzingo, Ver., 01 de abril del 2025.- Habitantes de la comunidad «La Jarochita», en el municipio de Acultzingo, denunciaron abusos por parte de fuerzas de seguridad durante un operativo realizado en la localidad, mientras exigen justicia y acceso a agua potable, tras incumplimientos de la empresa Ferrosur.

Mujeres de la comunidad relataron que más de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y otras corporaciones ingresaron sin identificarse ni presentar órdenes de cateo. «Nos respondieron con groserías y gestos agresivos. Entraron a nuestras casas, asustaron a nuestros niños y destruyeron la vivienda de Don Francisco Vázquez», denunciaron.

Aseguraron que el operativo fue desproporcionado: «Ni con los rateros hacen esto. Nos mandaron drones y antimotines, pero solo somos gente que pide agua y trabajo».

La comunidad responsabiliza a la empresa Ferrosur por la contaminación y escasez de agua, ya que, según testimonios, sus excavaciones secaron los pocos pozos disponibles. «Ellos prometieron agua potable y solo nos dieron un garrafón de 45 pesos. Tenemos minutas donde se comprometieron, pero no cumplen», señalaron.

Además, denunciaron que un grupo encabezado por habitantes de la parte alta de esta localidad y otros individuos se adjudicaron falsamente la representación para negociar con Ferrosur, recibiendo pagos sin consultar a los habitantes. «Esos contratos no nos beneficiaron. La empresa trajo trabajadores de fuera y dejó a 139 familias sin empleo», acusaron.

Los pobladores denunciaron que durante ocho meses estuvieron bloqueados por presuntos aliados de Ferrosur, impidiendo el paso de pipas de agua y víveres. «Golpearon a nuestros familiares, pusieron cables de acero y piedras. La síndica Dora Guzmán del Ayuntamiento y autoridades de Gobernación no hicieron nada», afirmaron.

Exigieron la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la falta de respuestas. «No somos delincuentes, solo queremos agua y que se haga justicia», concluyeron.

Hasta ahora, ni Ferrosur ni las autoridades mencionadas han respondido públicamente a las acusaciones. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, temiendo más represalias, luego del excesivo operativo realizado este martes para liberar las vías férreas, en el que participaron más de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). Para ello, ingresaron a la localidad tres camiones antidisturbios (dos de la SSP y uno de la GN) y más de 16 patrullas de la SSP, SEDENA y la GN, con policías y elementos antimotines.