¡No más impunidad! Antonio del Río Argudín denuncia tortura en Veracruz y exige castigo a los responsables

* El empresario denunció haber recibido más de 40 tablazos en el módulo de prisión preventiva «El Penalito», lo que le causó una protrusión discal irreversible, señalando al director Iván Márquez Lucido como su agresor

* Hizo un llamado al gobierno estatal para que rompa con el pasado de persecución política y haga justicia en su caso y en el de todas las víctimas

Irineo Pérez Melo

Veracruz, Ver., 28 de marzo del 2025.- Tras recordar que fue víctima de tortura durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el político y empresario Antonio del Río Argudín exigió justicia y que se castigue a quienes participaron en esos hechos que le dejaron secuelas físicas que le impiden movilizarse adecuadamente.

Y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le notificó la resolución de la Recomendación 020/2025, en la que se acredita que fue víctima de tortura durante su detención en 2022.

Con dicha recomendación, dijo el abogado porteño: “Hoy se marca un hecho histórico, pero lamentablemente uno que demuestra la tortura y persecución política que sufrimos muchos veracruzanos durante ese sexenio”.

El empresario relató que fue brutalmente golpeado en el módulo de prisión preventiva de Veracruz, conocido como “El Penalito”, donde recibió más de 40 tablazos, lo que le ocasionó una protrusión discal irreversible en la columna vertebral, señalando directamente al entonces director de la cárcel, Iván Márquez Lucido, como su agresor.

Ante esta resolución de la CEDH, exigió la detención inmediata de Márquez Lucido y llamó a la gobernadora Rocío Nahle García a intervenir en el caso: “Sé que a ella no le gusta ningún tipo de violencia y le pido justicia como un veracruzano más”.

También solicitó la actuación de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que proceda legalmente contra su agresor.

Asimismo, agradeció al diputado local Héctor Yunes Landa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, por dar seguimiento puntual al caso y vigilar que la recomendación sea cumplida por el gobierno estatal.

Subrayó que esta resolución demuestra cómo, en el gobierno de Cuitláhuac García, la represión no era contra criminales, sino que emanaba desde el mismo aparato gubernamental contra opositores políticos.

Ahora, la administración estatal tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la recomendación, pero el empresario reconoció que una resolución de derechos humanos es producto de una investigación y dictamen sobre un delito de lesa humanidad, por lo que su cumplimiento es fundamental para la justicia.

Finalmente, reiteró su llamado al gobierno estatal para que rompa con el pasado de persecución política y haga justicia en su caso y en el de todas las víctimas de tortura en Veracruz.