Existen grupos sociales que históricamente han sido sujetos de discriminación, como los pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y las personas con discapacidad, siendo un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos el acceso a la justicia y la igualdad.

Es por ello que se elaboraron protocolos de actuación que nos orientan como impartidores de justicia para atender casos en los que se ven involucradas personas de los grupos sociales considerados vulnerables.

Cabe destacar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 70% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que hace hincapié en la necesidad de protocolos específicos en este ámbito.

En el marco del Día Internacional de la Mujer me quiero enfocar en los protocolos para juzgar con perspectiva de género los casos de violencia contra las mujeres.

Uno de los protocolos más relevantes en este sentido es el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como enfoques principales la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.

Se basa en la eliminación de estereotipos y prejuicios de género, ayudando a visualizar las situaciones de desventaja provocadas por el género y tener en cuenta las circunstancias sociales, económicas y culturales que pueden influir en la situación de las mujeres, proponiendo un método para juzgar no solo aplicando las leyes de manera imparcial, sino que también lo hagan de una forma que reconozca y trate de eliminar las desigualdades de género con el establecimiento de conceptos claros sobre género y preferencias, en donde se determinan las implicaciones de género en la sociedad.

Otro protocolo a resaltar es el “Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que orienta a las instituciones involucradas ante situaciones de violencia política, estableciendo lineamientos para identificar y clasificar las diversas formas de violencia política contra las mujeres tanto en el ámbito electoral como en su participación en cargos de representación política, evitando daños mayores a las víctimas con la coordinación entre las instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada, eficaz y oportuna a los casos de violencia política de género, en el marco de los procesos electorales y políticos en México.

También establece los procedimientos para que las mujeres que sufran violencia política reciban una atención integral, que incluye el acompañamiento legal y psicológico.
Esta obligación de juzgar con perspectiva de género, ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia y la interpretación de los tratados internacionales, basándose en el derecho al acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite garantizar otros derechos, como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En conclusión, los protocolos para juzgar con perspectiva de género, representan un avance significativo en la lucha por la igualdad de género en el ámbito judicial y político en México, pues buscan garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, protegiendo sus derechos y contribuyendo a la erradicación de la violencia y la discriminación que enfrentan diariamente.