De la Redacción
Orizaba, Ver., 25 de febrero de 2025.- Ejidatarios del municipio de Atzacan denunciaron el despojo del que podrían ser víctimas debido a la corrupción que aseguran existe en el Poder Judicial de Orizaba, lo que ha permitido que un grupo de empresarios se apropie ilegalmente de sus tierras, afectando a más de 70 familias.
De acuerdo con los afectados, los empresarios Orlando López Olivos y Alex Cruz Lara, valiéndose de fraudes procesales y tráfico de influencias, lograron avalar juicios fraudulentos para despojar de sus terrenos a los legítimos poseedores de las parcelas 194 Z-1 P1/2 y 195 Z-1 P1/2. Este conflicto legal se encuentra registrado en el expediente 2932/2024/II en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, donde el exjuez Adalberto López Pozos, quien se prejubiló anticipadamente, está señalado por presuntamente haber facilitado actos de corrupción para favorecer a los empresarios.
Las familias afectadas han denunciado desalojos violentos y la destrucción de sus viviendas. «La señora María corrió asustada al ver cómo una máquina pesada derrumbaba su casa por la parte de atrás. Hombres cruzados de brazos nos intimidaron y obligaron a ver cómo destruían nuestros cimientos y viviendas para que abandonáramos nuestras parcelas», relataron los ejidatarios.
Además, los denunciantes señalaron la instalación de cámaras de vigilancia en sus terrenos, lo que interpretan como una estrategia de intimidación. También aseguran que los abogados de López Olivos y Cruz Lara han utilizado su influencia política para obtener resoluciones judiciales favorables.
Aseguran que, a pesar de haber presentado denuncias penales, el poder y las conexiones de los empresarios han obstaculizado el acceso a la justicia. «Estamos en alerta para combatir la corrupción y el nepotismo», afirmaron los ejidatarios, quienes también exigieron que se investigue la participación de familiares del exjuez López Pozos y de la actuaria Esthefani N., señalados por su posible involucramiento en las irregularidades judiciales.
Aseguraron que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Orizaba ya ha sido notificado del caso para evitar movimientos fraudulentos que agraven la situación de los afectados. Sin embargo, la restitución de las tierras sigue dependiendo de un sistema judicial que, hasta ahora, ha mostrado una clara inclinación hacia los intereses económicos y políticos de los acusados.
