* Señalan a magistrados del Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla

 * Emite una resolución para dotar de 240 hectáreas en un predio donde se ubica un asentamiento humano con más de 1,200 habitantes

* Se pide que no se ejecute o de hacerlo se dé con el cumplimiento sustituto: Saturnino Melchor

 

Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., 08 de julio del 2024.- Ejidatarios de El Mesón, municipio de Ángel R. Cabada, denunciaron la opacidad, omisión y corrupción con la que operan funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, al no entregar la posesión de sus parcelas como ordenó una sentencia de 2002. Esta situación ha creado un conflicto interno en la comunidad.

 

Según Saturnino Melchor Pérez, presidente del comisariado ejidal de El Mesón, la sentencia judicial ordenaba la restitución de más de 70 hectáreas a un grupo de ejidatarios, pero el Tribunal Agrario ha intentado ejecutarla en una fracción del terreno donde existe un asentamiento humano con más de mil habitantes, generando un conflicto social.

Pérez solicitó el respaldo del gobierno estatal para evitar que la ejecución de la sentencia cause un problema social mayor, dado que los residentes del asentamiento humano no permitirán su desalojo.

El representante ejidal mencionó que desde la emisión de la sentencia se han intentado más de 30 desalojos, todos enfrentados con fuerte oposición de los habitantes del asentamiento humano.

El ejido de El Mesón tiene una dotación de 1,300 hectáreas y 240 hectáreas de ampliación, con un conflicto arraigado que data de más de 50 años atrás.

Los ejidatarios exigieron que no se ejecute la sentencia o que se haga cumplimiento sustituto, ya que afectaría viviendas, escuelas, iglesias y servicios públicos del asentamiento humano, amenazando con su desaparición.

Durante una manifestación en la Plaza Sebastián Lerdo, representantes de otros ejidos del estado expresaron su respaldo a los ejidatarios de El Mesón, denunciando la mala actuación de funcionarios corruptos del Tribunal Agrario 40 de San Andrés Tuxtla, quienes, según Armando Zamarat, han provocado conflictos por intereses personales.

Ante la ejecución programada para el 11 de julio, los ejidatarios exigieron una solución definitiva y responsabilizaron al poder judicial de la federación y al juez tercero de distrito por su falta de acción en favor de la justicia.

Finalmente, Pérez mencionó que están en pie de lucha para evitar enfrentamientos como los ocurridos recientemente en el Ejido Limón Totalco, en el municipio de Perote, entre ejidatarios y policías, llamando a evitar tragedias posteriores a hechos lamentables.

Acusó directamente al magistrado Alberto Pérez Gasca de proteger a funcionarios y abogados de San Andrés Tuxtla para favorecer a un pequeño grupo de ejidatarios con la ampliación del ejido.