• Hay protección para responsables materiales e intelectuales en estos casos, señala el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 26 de mayo de 2024.- A 17 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció al Estado Mexicano por la impunidad en que mantiene este caso, por lo que de nueva cuenta exigieron en que sean presentados con vida.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, se indica que el pasado 25 de mayo se cumplieron los 17 años demandando la detención de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada cometida en contra de quienes forman parte del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).
En el documento, se menciona que este caso impune trasciende sexenios, cometido durante el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, pasa por la del priista Enrique Peña Nieto y al final del primer sexenio morenista, se sostiene la impunidad con la intención de proteger a los responsables materiales e intelectuales, se indica.
En la lucha que se ha mantenido en estos 17 años exigiendo la presentación con vida de los citados, se manifiesta un distintivo político en estas tres administraciones: la indolencia gubernamental, la dilación, el burocratismo y revíctimización; aspectos que garantizan y prolongan la impunidad en casos de desaparición forzada considerada como crimen de lesa humanidad y de Estado, se añade.
Además, se considera que la responsabilidad del Estado es indiscutible, es un crimen que se perpetró para castigar la militancia de ambos en el PDPR-EPR como organización que lucha por la vía armada revolucionaria ante la opresión política y explotación económica, lucha que respetamos.
Independientemente de su forma de lucha, el Estado mexicano no tiene ningún argumento válido para vulnerar todo derecho humano que hasta la fecha no se les restituye en mínimos aspectos.
Es por ello que se está demandando la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), derivada del mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida desde el 10 de agosto de 2022, pero que a la fecha las instituciones involucradas han desacatado dicho mandato y simulado su atención, desatendiéndose de su responsabilidad.
“El proceder de las autoridades devela la intención de sepultar la responsabilidad de altos mandos policíacos y militares por la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, proteger a estas instituciones erigidas con sangre del pueblo y sostener a políticos de oficio dentro del andamiaje represivo y con ello prolongar la impunidad”, se refiere.
Insistieron en su exigencia de juicio y castigo a los responsables de este crimen, se transita a contracorriente por la sistematicidad de la represión contra aquellos que abrazamos la exigencia de juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, se manifiesta que la solidaridad del pueblo, de intelectuales, personalidades, organizaciones populares, defensores de los derechos y la firmeza de los familiares han hecho posible mantener en alto la consigna de presentación con vida a pesar de la política de impunidad y el cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad.