Y es el temor al crimen y a sufrir un atentado por parte de candidatos que contienden por un cargo de elección uno de los indicadores que es y seguirá siendo relevante a la hora de reseñar la actual elección. Y es que resulta que hasta ayer sumaban 421 los aspirantes que habían solicitado protección para realizar sus campañas. Sólo para dimensionar, si todos esos candidatos se metieran a la Cámara de Diputados ocuparían casi el 85 por ciento del salón de plenos. Otro dato relevante es que de ese total 169 son abanderados a cargos locales, principalmente a presidencias municipales, de al menos 12 entidades federativas: Morelos, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Baja California y Guerrero. El poder que tienen las balas de determinar quién debe o no contender, reflejado en los indicadores de peticiones de seguridad, pero también en el de homicidios perpetrados, nos comentan, no debe dejar de ser ponderado y sobre todo, contenido. | Se lee en “Rozones” de La Razón.