* Esto ocasiona que nuestro país pierda el rumbo al haber un mayor número de conflictos, más pobreza y crisis climática que afecta a los más vulnerables: Aguilar Lendechy

 

Irineo Pérez Melo

 

Xalapa, Ver., 24 de abril de 2024.- La corrupción y la impunidad en nuestro país impacta en la violación de los derechos humanos, lo cual  ocasiona que se esté perdiendo el rumbo al haber mayor número de conflictos, más pobreza, crisis climática  afectando a los más vulnerables, aseguró el doctor Cluni Rafael Aguilar Lendechy, presidente del Colegio Nacional de Calidad Acreditación y Certificación, A. C.

En entrevista, el especialista destacó que los representantes de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos son los que sufren más los ataques criminales, hay violaciones atroces y sistemáticas, corrupción e impunidad vulnerando el estado de derecho y eliminando la democracia, aumento de misoginia, discriminación,  polarización social, y desigualdad de acceso a los recursos y las oportunidades que marca la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos.

Expuso que la falta de protección y atención a los derechos humanos son una causa principal de los conflictos y la inseguridad, debilitando las acciones para establecer, mantener y consolidar la paz.

Por esta situación, dijo, México se ubica entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), en el primer lugar de violación de los derechos humanos y estado de derecho, aumentando estas violaciones cada año; “la mayor  concentración se encuentra en el  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Migración (INM), Prevención y Readaptación Social (PRS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de Estado (ISSSTE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Secretaria de la  Defensa Nacional  (SEDENA), estas instituciones violan los derechos humanos por negligencia médica, detención arbitraria, trato cruel inhumano, y degradante, tortura, privación de la vida y desaparición forzada.

Las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a México se han cumplido en un bajo porcentaje (estimado en un 5 %), pendientes 17 recomendaciones en materia de libertad de expresión, protección a comunicadores y activistas.

Señaló que el Presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha disminuido en un 20% del 2018 al año 2024, con un rezago bastante considerable para dar una recomendación, desde que se recibe la queja hasta la emisión de la misma, que va de un promedio de 90 a 180 días, quedando un 25 % de expedientes sin resolver anualmente, cuando las directrices de los países de la (OCDE), marca un promedio de 60 a 90 días, abundó.

Además, menciona que las recomendaciones que emiten la CNDH y Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se resuelven menos del 50% en promedio, por el motivo de que no tienen un proceso vinculatorio y no tienen un carácter imperativo para la autoridad y servidor público y en consecuencia no puede anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia, como lo marca el artículo 46 de la Ley de Derechos Humanos.

En ese contexto, señaló que Veracruz  es una reflejo de lo que pasa en el país, al ubicarse en el cuarto lugar de las entidades federativas con mayor número de quejas violatorias de los derechos humanos.

Los derechos humanos son la base de la igualdad humana y la piedra angular de la sociedades pacíficas, inclusivas, justas, igualitarias y prósperas, por lo que para lograr ese cometido se debe tener una cruzada, participar la sociedad civil, el sector privado, las instituciones que tienen que ver con la justicia, pero sobre todo, la CNDH debe tener las herramientas necesarias para la protección, defensa, y cumplimiento de lo que dictamina en favor de las víctimas.

De igual manera, expresó que las recomendaciones se deben convertir en acatamientos o instrucciones institucionales con vinculación a sanciones administrativas y jurídicas, como lo marca los principios de Paris, un mandato amplio para promover y proteger los derechos humanos, a fin de tener un impacto para evitar una violación sistemática de los derechos humanos de los mexicanos, concluyó.