La figura y operación de los superdelegados del Bienestar, como principales promotores y operadores de los programas sociales de la presente administración, es constitucional, de acuerdo con el voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien fijó el criterio de desempate. Luego de que la votación sobre la acción de inconstitucionalidad a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedó empatada a 5 votos, ayer se emitió el voto definitivo. “El artículo 17 ter impugnado no transgrede el principio constitucional de federalismo”, explicó la ministra Ortiz Ahlf. Que los superdelegados funcionen para lo que están, es decir, servir de enlace real con la gente, será responsabilidad de cada uno. Que la figura no sea trampolín político. | Se detalla en “Frentes Políticos” de Excelsior.
