Irineo Pérez Melo 

Coscomatepec, Ver., 22 de noviembre del 2024.- Maestros coordinadores de Telebachillerato de la Zona de Supervisión de Coscomatepec se manifestaron frente al Palacio Legislativo para exigir la destitución del director general de este subsistema, Rubisel Ventura Frías.

Lo acusan de actuar de manera arbitraria e imponer decisiones unilaterales en perjuicio de la operación académica.

Los docentes portaron pancartas solicitando la intervención de las autoridades educativas, coincidiendo su protesta con la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

En sus declaraciones, señalaron que Ventura Frías ha mostrado incapacidad para resolver conflictos y ha actuado con favoritismos al designar personal en posiciones clave.

En un documento dirigido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la SEV y a la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Lissete Camacho Muñoz, los manifestantes relataron que desde febrero se han presentado inconsistencias en los nombramientos de supervisores.

En específico, denunciaron la destitución arbitraria de la profesora Ana Karina Castro Fuentes como encargada de la Zona de Supervisión, a pesar de contar con el apoyo mayoritario de los coordinadores.

De acuerdo con los manifestantes, aunque Castro Fuentes fue ratificada oficialmente en septiembre, sus funciones han sido restringidas mediante hostigamiento laboral y falta de acceso a información.

Señalaron además que, en noviembre, entregaron un oficio a la subsecretaria Camacho Muñoz solicitando la ratificación formal de Castro Fuentes, pero el problema persiste.

Asimismo, denunciaron que el director general, respaldado por las profesoras Brenda Liz Ticante y Maura Elena Hernández Espinosa, ha generado tensiones internas y busca dividir a los docentes.

Como ejemplo, mencionaron la convocatoria a una reunión para el 25 de noviembre, que consideran parte de una estrategia para desestabilizar la zona.

Finalmente, los coordinadores solicitaron la intervención inmediata del Ejecutivo estatal y las autoridades educativas para destituir a los responsables de estas acciones, a quienes acusan de carecer de ética profesional.