La administración de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, ha estado plagada de excesos y omisiones. ¿Será acaso que sus dos años de gobierno sólo alcanzaron para dejar temas pendientes y sacar de control al sistema? Después de su criticada decisión de privatizar el Club Campestre, levantando ámpula en la sociedad, ahora, a propuesta de Bonilla, el Congreso estatal trasladó la administración del agua a los ayuntamientos, sin siquiera consultarlos; también los autoriza a privatizar el servicio y los obliga a asumir las deudas ya existentes. Lástima: todo indica que su Ley del Agua es inconstitucional y todo indica que la Suprema Corte la dejará sin efecto. La buena: en una semana dejará de hacerle daño a su entidad. Por fin. | Se detalla en “Frentes Políticos” de Excelsior.
