La reactivación económica no debería estar ligada ni a propósitos e intereses políticos, ni mucho menos, restricciones sanitarias en tiempos donde la pandemia no ha sido superada, así, vemos que en países como Japón, con su alto grado de desarrollo, y en vísperas de celebrar los Juegos Olímpicos pospuestos por el COVD-19, se toma la decisión de celebrarlos sin público en las tribunas ante la nueva emergencia por contagios del virus, mientras que en México, ciertamente, las autoridades tardan en reaccionar ante las circunstancias que presenta la epidemia.

Ante esos escenarios, con una economía lacerada y lastimada por más de 16 meses de actividad irregular y bajos ingresos, los gobiernos federal, estatal y municipal deberían diseñar y ejecutar políticas públicas y programas eficientes de reactivación económica observando una nueva forma de trabajar, apoyando de manera decidida a emprendedores, a las denominadas “Nenis” mujeres que han decidido contribuir al sostenimiento de la economía familiar comercializando diversos artículos desde sus hogares, hombres y mujeres jóvenes y de edad adulta que se quedaron sin empleo y que ofrecen diversos servicios, y muchos más que se enfrentan a otra cara de la pandemia: la imposibilidad de acceder a financiamiento a sus actividades, y a créditos con la banca comercial, lo que provoca que caigan en manos de usureros o casas de empeños que cobran comisiones verdaderamente leoninas, que en lugar de fomentar la actividad comercial y estimular su desarrollo, son verdaderas trampas mortales para las mismas.

En esas circunstancias, las opciones viables que podrían ser susceptibles de explorarse por parte de las autoridades competentes deberían ser las enfocadas a brindar un acceso directo al financiamiento de las actividades económicas que contribuyen a sostener la economía familiar y que generan un desarrollo económico moderado, pero que, por sus características, se ejerce en la informalidad, así, brindando acceso a recursos donde podrían establecerse alianzas para que, a través de los diversos organismos de la Banca de Desarrollo, se financien actividades comerciales con créditos blandos para compra de inventarios, activos fijos, capital de trabajo, adquisición de pequeños vehículos de transporte de mercancías, etc, con tasas bajas y sin la limitante que representa el buró de crédito.

Un esquema de este tipo beneficiaría de manera inmediata a miles (millones, quizá) de pequeños productores que se enfrentan a los grandes dilemas de la comercialización: la logística y los plazos de crédito que imponen las grandes cadenas comerciales. Otra solución alterna es establecer programas de proveeduría a cadenas comerciales locales y regionales menos demandantes, pero con la disponibilidad de recibir productos elaborados en sus regiones de influencia.

Una de las obligaciones primordiales de los gobiernos es establecer y generar las condiciones mínimas y suficientes para que la población viva en un estado de bienestar, tal como lo ha manifestado públicamente el Presidente López Obrador, por lo tanto, el tener satisfechas las necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, higiene, vestido, educación) a través de la generación de ingresos honestos por parte de la población, contribuye decididamente a bajar los índices de criminalidad y violencia, no olvidemos que la actividad económica es circular, por lo que lo que una familia percibe, de la misma manera lo invierte en sus satisfactores, asimismo, la óptica de impacto social de propuestas de este tipo, no se aleja del beneficio colateral que representa que todo aquel beneficiario de un apoyo, se obliga a insertarse en la formalidad de su actividad económica, lo que genera ingresos vía impuestos al Estado.

Hoy en día los ciudadanos, los emprendedores, las micro y pequeñas empresas requieren de manera urgente que las autoridades los apoyen de manera real, que los funcionarios apliquen y ejerzan sus atribuciones en beneficio de los ciudadanos y éstos resulten beneficiados.

Las soluciones mágicas no existen, sin duda, pero el impacto social de apoyar directamente a la economía de quienes luchan día a día por sostener su nivel de vida se vería reflejado directamente en los indicadores de gobernabilidad y consumo.