Manuela V. Carmona/corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas
Orizaba, Ver., 22 de febrero de 2021.- Al no contar con el respaldo de la Policía Municipal, los inspectores de comercio municipal, han dejado de perseguir a los vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad de Orizaba, lo que ha permitido que estos ejerzan la venta de manera libre de diversas mercancías, expuso el integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR) Maximino Antonio Jiménez.
Cuestionado sobre este tema, dijo que como vendedores ambulantes están conscientes de que los gendarmes solo cumplen con las instrucciones de sus superiores, por lo que apoyaban a los inspectores de comercio para retirar a los ambulantes, pero ante la suspensión de esta vigilancia y dado que los Policías Estatales no regulan esta situación, más comerciantes pueden trabajar en estas zonas.
“Pero en nuestra percepción hay más tranquilidad, pero eso no quiere decir que la policía estatal es más buena, pero la actitud de los policías municipales como trabajadores se debe a la implementación violenta de los reglamentos, que es lo que violenta los derechos de tránsito, de trabajo pero hasta donde hemos visto el cambio en la ciudad es que está más tranquila”.
Agregó que los ambulantes que a diario recorren las calles han notado que la Policía Estatal no se mete con nosotros. “Y los inspectores de Comercio al no tener quien los respalde pues no nos dice nada y nos permiten ese derecho que tenemos de trabajar y de transitar por toda la ciudad, para nosotros fue benéfico, igual para todos”.
Aseguró que Se cuando estaba la preventiva local no eran ellos los que atacaban al comercio ambulante sino las órdenes que recibían de sus jefes inmediatos, como el Inspector o Director de Comercio o Desarrollo Económico quienes son los que ordenan a la policía a que actúe, “mira esa señora que está viniendo chicles, córrela o llévatela…es un mecanismo que se ha implementado como una forma recaudatoria porque el Ayuntamiento mete a la cárcel y le cobra hasta mil 500 o 2 mil pesos y además le roban su mercancía”.
Agregó que ahora tienen más libertad de trabajar y un menor temor en que les sean aplicadas multas administrativas pues estas dependían también del estado de ánimo del Juez calificador. “Tuvimos un compañero que le cobraron hasta mil 800 por una carretilla, porque lo agarraron fuera del área que no le estaba permitido trabajar. Se echó tres días en la cárcel y no le regresaron su mercancía, entonces fue un pleito un pleito de 6 meses contra Herebia y en ese entonces el Ayuntamiento le devolvió de un pleito en la Fiscalía unos 7 mil pesos, pues decía que no lo tenían porqué detener dado a que contaba permiso para vender entonces no hubo delito y si le devolvieron 7 mil pesos por el daño causado”.
