Excelsior

Ciudad de México, 02 de agosto de 2020.- Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas concentran 52.6% de las 73 mil 308 personas desaparecidas y no localizadas en México, de los cuales Tamaulipas y Jalisco suman 21 mil 50 en esta condición.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda (CNB), hasta ayer había 73 mil 308 personas desaparecidas y no localizadas, de ellas sólo Tamaulipas (10,810), Jalisco (10,240), Estado México (7,684), Veracruz (5,018), Sinaloa (4,846), Nuevo León (4,319) y Coahuila (3,131) sumaban 47 mil 88 personas desaparecidas y no localizadas.

Esa cantidad es superior a la que registró hasta abril de 2018 el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), que es de 42 mil 998 personas en dicha condición.

Según el RNPED, 41 mil 835 personas en esta condición son del fuero común y mil 163 de fuero federal, entre ellos 68 extranjeros.

En contraste, las entidades que menos habitantes están en dicho estatus son Campeche, con 45; Tlaxcala, con 56, y Tabasco, con 113.

En una consulta al Rnpdno, el cual reportaba hasta el mediodía de ayer 73 mil 308 personas desaparecidas y no localizadas, se halló un desfase de 426 personas en el conteo por estado al total de la cifra reportada; es decir, sólo arrojaba 72 mil 882.

En el último reporte de la CNB, dado a conocer el pasado 13 de julio, se registró un total de 177 mil 844 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, mientras que en el reporte del 1 de agosto, se daba un total de 178 mil 474 en dicha condición.

Mientras que el 13 de julio anunció que había 73 mil 201 habitantes desaparecidos y no localizados, ayer registró 73 mil 308; es decir, que en 19 días desaparecieron o no fueron localizadas en el país 107 personas.

De los 73 mil 308, 72 mil 799 personas (99.31%) estaban en calidad de desaparecidas y 509 (0.69%) en calidad de no localizadas.

Para María Guadalupe Aguilar Jáuregui, coordinadora del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), esas cifras reflejan el desinterés de las autoridades locales para dar una atención integral a cada caso de desaparecidos y aunque aseguró que en la actual administración federal hay avances y un claro interés, aún falta mucho por hacer, ya que “ponen a gente que no conoce del tema”.

Lamentó que muchas veces que se intenta denunciar la desaparición de algún familiar, de inmediato las autoridades los vinculan con problemas de drogas, y aunque admitió que muchas madres de desaparecidos que confesaron que sus hijos sí consumían, defendió que “independientemente de eso todas las personas tienen derecho a la vida”.

Aguilar Jáuregui dijo que en la mayoría de los casos de desaparecidos, éstos son hallados muertos o localizan osamentas y la satisfacción que tiene como activista es ayudar a decenas de madres a encontrar los restos de sus hijos.

La activista, quien vio por última vez a su hijo en 2011 y a quien sigue buscando, dijo que para muchas madres que hallan los restos de sus familiares enfrentan un “enorme dolor, porque los encuentran muertos, y el único consuelo que les queda de haberlos encontrado es que tendrán un lugar donde llorarles”.

Reprochó que de nada sirve tener fiscalías especializadas en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, comisiones estatal y nacional de Búsquedasn si las mismas autoridades “no paran ni detienen la delincuencia, las cifras de delitos”.

Criticó que la Secretaría de Gobernación sólo hace ruido unos días y después se olvida.

“A mí no me interesan sus cifras, a mí lo que me interesa es saber ellos a cuántas personas han encontrado”.

Señaló que los datos que dan las autoridades sobre las personas en esta condición “están muy lejos de la realidad, porque para saber cómo está la situación se necesita participar en un colectivo o en las fiscalías de Desaparecidos, donde las cifras están al día”.

Ante ello, llamó a las autoridades a realmente cumplir con las promesas y dar presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos.

EL CRIMEN LE ARREBATÓ A TRES DE SUS HIJOS

En 2017, tres jóvenes fueron secuestrados; la madre de las víctimas acusa desinterés de autoridades.

Este 30 de agosto de 2017 se cumplirán tres años de que los tres hijos de la señora Guadalupe Valle, Francisco Xavier Espinosa, de 26 años; Jesús, de 27, y José Cruz, de 29, fueron secuestrados en Reynosa, Tamaulipas.

Cerca del mediodía de esa fecha, Francisco Xavier Espinosa Valle se encontraba en su trabajo, en compañía de su novia, quien le llevó el lunch, cuando varios hombres llegaron en dos camionetas y se los llevaron.

Un testigo narra que los sujetos le preguntaron si conocía a Francisco Javier y al indicarles dónde se hallaba ingresaron y se los llevaron, además de los vehículos de la pareja.

Más tarde, un amigo de Francisco llamó a los hermanos de éste para decirles que se habían llevado a Francisco, por lo que Jesús y José fueron en su búsqueda, “pero ya no regresaron”, narró la señora Guadalupe.

“Mis tres hijos se fueron a trabajar a Reynosa, Tamaulipas, y un mes antes de su desaparición ellos se llevaron a su hermana. El día del plagio, los secuestradores llamaron a mi hija y le pidieron un millón de pesos de rescate por los tres. Ella me dio aviso y tuve que salir de inmediato desde la Ciudad de México, pese a que estaba hemodializada y padecía de la vista. Sin embargo, los sujetos no volvieron a llamar y ya no supimos nada de mis hijos.

“No denuncié a los criminales porque estaba atemorizada y me regresé a la CDMX. En febrero de 2018 regresé a Reynosa y levanté un acta. Sin embargo, hasta la fecha me siguen teniendo dando vueltas y no me han dado una respuesta. La licenciada Cecilia Ordoñez, de la Fiscalía en Reynosa, siempre me decía que ya iban a avanzando, que pronto se esclarecería el caso. Ahora, cuando la busco, ya no me atiende ni las llamadas”.

Sobre la novia de Francisco, quien era casada, Guadalupe narra que hace un año fue vista por testigos comiendo un helado con su esposo, quien es originario de Estados Unidos, Sin embargo, la policía acudió a buscarla a su domicilio, pero ya no vivía ahí. “Lo más extraño de todo es que no hay acta que denuncie de la desaparición de la novia”.

Guadalupe llama a las autoridades a voltear a ver su caso y que la ayuden a buscar a sus hijos, pues actualmente atraviesa una difícil situación económica y le fue trasplantado un riñón.

DESAPARICIÓN DE SU HIJO LE ABRIÓ LA PUERTA AL ACTIVISMO

Guadalupe Aguilar entendió que si quería encontrar a su hijo ella misma tendría que hacerlo, pues no había interés de las autoridades.

José Luis Arana, de 34 años, desapareció el 17 enero de 2011 en Tonalá, Jalisco. Su madre, María Guadalupe Aguilar, cree que se trata de una desaparición forzada cometida por policía municipales.

Luego de presentar una denuncia por la desaparición de Pepe, como ella le llama, se da cuenta de “la ceguera y sordera de las autoridades. Les rogaba que salieran a buscar a mi hijo. Dormí las primeras noches en las fiscalías y pese a ello nunca hubo interés de las autoridades”.

Guadalupe explica que éstas le dijeron que si quería encontrar a su hijo tenía que hacerlo por sus propios medios.

Y así inició el viacrucis, buscó con amigos, conocidos, en carreteras y nada, nadie daba cuenta de Pepe, quien estaba casado y tenía dos pequeñas que lo esperaban en casa.

En abril le hablaron de un corralón de Manzanillo, Colima, y le avisaron que tenían el vehículo de su hijo . Por lo que viajo de inmediato. Sin embargo, se cruzó con la burocracia y no le permitieron ver el vehículo ni le dieron acceso a la carpeta de investigación.

“Tuve que sobornar a quien cuidaba los autos para poder ver el vehículo de mi hijo. Me permitió entrar en la noche y verifiqué que efectivamente era su vehículo”.

Al día siguiente me voy a Colima y logro hablar con la procuradora, quien fue quien me abrió las puertas, porque me dijo qué es lo que tenía que hacer”.

El vehículo lo tenían resguardado por delito federal, pues lo utilizaron para matar a unas personas y hallaron droga”.

Guadalupe narra que entre su ir y venir conoció a Javier Sicilia en la CDMX y descubrió que “eran muchas las madres que buscaban a sus hijos.

En 2013 inició el colectivo Familias Unidas por Nuestros desaparecidos en Jalisco (Fundej).

“Meses después cayó un criminal de una banda que declaró que ubicaba a mi hijo, pero después descubrí que fue obligado a declarar por el líder de la banda: un mando policial de Tonalá, quien luego fue procesado por un secuestro, aunque en 2016 salió de la cárcel pese a que había sido condenado a 40 años.

Ante ello, Guadalupe asegura que no confía en las autoridades, porque en México, simplemente, no hay justicia.