* La contraloría interna de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe iniciar un procedimiento ante esta ilegalidad, señala Juan Manuel Estrada, Premio Nacional de De-rechos Humanos 2014
Crónica
Agrupaciones de quienes son atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hicieron público su interés de demandar a dicha institución o a quien resulte responsable, luego de que Crónica revelara que existe un convenio para que una particular, la académica Miriam Morales Sanhueza, pudiera revisar sus expedientes sin aclarar el objetivo de esta acción y sin que medie permiso de las víctimas.
A través de sus redes sociales y “como integrante de la Asamblea Consultiva” de la Comisión, la Fundación Find, encabezada por el jalisciense Juan Manuel Estrada, Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, señaló que la contraloría interna del organismo debe iniciar un procedimiento ante lo que consideró un acto ilegal.
Sobre esa aseveración, es importante señalar que la Ley General de Víctima, de aplicación obligatoria en todo el país, es precisa al señalar que entre los derechos de las víctimas está el de preservar su intimidad, es específica también en cuanto a que las autoridades deben garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información “y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento” para “uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales”.
Increíblemente, sin que mediara permiso de las víctimas y sin que se especificara la motivación, Morales Sanhueza goza de un acceso a los expedientes en trámite del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, es decir, el órgano que integra expedientes de cada persona que desea ser registrada como víctima. Los expedientes contienen la relatoría del delitos y hechos que sufrió la persona, de sus afectaciones y necesidades como consecuencias del delito e incluso de la relación de partes médicos o psicológicos donde se detallan “las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos”.
Por parte de la CEAV, fueron las oficinas jurídicas las que signaron el acuerdo, incluyendo a la llamada “Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas”, una instancia que, de conformidad a la Ley, está para representar y asesorar a las víctimas, especialmente a aquellas que se le dificulta el acceso a la justicia. Entre sus atribuciones no hay algo que especifique la posibilidad de abrir expedientes para su revisión.
La participación de la Fundación Find y de Juan Manuel Estrada en el órgano de consulta de la CEAV fue avalado por el Senado de la República.
