• Esto aplica para las materias civil, mercantil, familiar y penal, además de las modalidades digital y oral mercantil

Xalapa, Ver., 31 de julio de 2020.-La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, firmó un documento en el que se dicta que los trabajadores continúan en suspensión de labores del 3 al 14 de agosto de este año, por motivos de pandemia.

Esto aplica para las materias civil, mercantil, familiar y penal, además de las modalidades digital y oral mercantil, bajo las medidas de higiene y sanitarias recomendadas por las autoridades correspondientes.

También, señalaron que las vacaciones al segundo periodo, las cuales abarcan del 3 al 14 de agosto, se verán modificadas, ya que deberán de trabajar mediante el sistema de guardias para que los abogados en materia referida puedan iniciar los procesos, “para la recepción de demandas y promociones iniciales de diligencias de jurisdicción voluntaria, providencias precautorias y medios preparatorios a juicios, durante el periodo de la guardia”.

Asimismo, refiere que a partir del 3 al 14 de agosto las sentencias y resoluciones interlocutorias emitidas por los juzgadores deberán ser publicadas en la lista de acuerdos “sin que corran términos procesales”.

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Esto tendrá un horario de lunes, miércoles y viernes de nueve de la mañana a las dos de la tarde con 20 minutos, lo cual deberá tener una duración de 10 minutos en cada turno para el trámite.

“Las vacaciones serán disfrutadas por el personal de manera escalonada, de acuerdo a las necesidades de las actividades y al programa que el titular de cada recinto judicial elabore”.

Con respecto a los asuntos de materia familiar, señala el texto que los órganos jurisdiccionales deben de seguir atendiendo los casos de carácter urgente no contemplado en el sistema de citas, los cuales son “consignación de pensiones alimenticias y ejecución de las mismas, libramiento de oficios y/o exhortos, embargos o cualquier diligencia relativa a atender los asuntos expresamente considerados de urgencia o cualquier otro, en el que se encuentren afectados los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes y personas consideradas en situación vulnerable, que conllevan a la obtención de prestaciones alimenticias y/o seguridad social”.