No ha cumplido con las tareas asignadas, lo que le valió sendas llamadas de atención del Presidente de la República: Vicente Aguilar.

GOLPE POLÍTICO

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) manifestó su preocupación por el incumplimiento de las tareas que designa y delega el presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad, lo que ha motivado las llamadas de atención a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador de los Programas de Desarrollo del gobierno federal en el estado de Veracruz.

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT le exigió ponerse las pilas y no suceda lo mismo que con las incapacidades demostradas por el Cabildo de Xalapa, donde se han devuelto recursos a la federación por no aplicarlos en tiempo y forma.

En conferencia de prensa, hizo referencia a la irresponsabilidad con la que se ha conducido el denominado superdelegado, lo que le valió sendas llamadas de atención por parte del Ejecutivo Federal por el atraso en que se encuentra el programa de los Censos de Bienestar, los correspondientes a Sedesol y del sector de Becas para Estudiantes.

“Ya van dos veces que el presidente exhorta al citado funcionario federal sobre qué está pasando en el estado de Veracruz, lo cual quiere decir que no cumple con su cometido y es necesario que se ponga a trabajar, porque la cuarta transformación necesita de hombres leales al trabajo”, añadió.

Además, dijo, eso significa que debe aplicarse porque parte de su labor como servidor público es apoyar al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y si no aterrizan estos programas a las bases en Veracruz y en sí, del país, como Partido del Trabajo presionaremos y declarando lo que se tenga que declarar si cualquier funcionario le falla a AMLO o a al Gobernador del Estado, pero sobre todo al pueblo de Veracruz.

Por otro lado, el dirigente estatal petista exigió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) de cuenta qué ayuntamientos cometieron las irregularidades y supuestamente subsanaron los señalamientos hechos y sin llegar los mismos al Congreso local, sobre todo porque se informa que se han recuperado más de mil millones de pesos.

La petición la fundamentó por último, en el sentido de que cualquier ciudadano que le reclame cualquier irregularidad de los entes fiscalizables, argumenta que no actúan “de oficio” y por lo tanto es exigible la aclaración solicitada y no pavonearse con “sombrero ajeno”.