Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) deberá resolver la investigación que hay contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el supuesto financiamiento que hizo Odebrecht en 2012 a la campaña de Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, ordenó un Juez federal.

“Por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la Fepade de la Procuraduría General de la República (PGR), el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación que se sigue al quejoso, en el que se le informó que los delitos que se le imputan aún no prescriben, así como la abstención de determinar la carpeta de investigación”, se indica en una tarjeta informativa.

La Fepade, autoridad responsable, debe emitir “un nuevo acuerdo en el que subsane vicios formales y satisfaga la exigencia constitucional de motivación detallada y congruente en relación con la prescripción de los ilícitos que se le imputan al quejoso”.

De acuerdo con la juzgadora federal que tomó la decisión, la Fiscalía Especializada tendrá un plazo de 30 días hábiles para determinar si hay o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.

“Asimismo, que en un plazo de 40 días naturales, contados a partir de que culmine el plazo antes señalado, determine en definitiva lo que en derecho corresponda, término que se considera prudente atendiendo la naturaleza de los hechos denunciados y a las diligencias que ya obran en la carpeta de investigación, en el entendido de que deberá hacer uso de las medidas de apremio a su alcance para lograr su desahogo oportuno en los datos de prueba por recabar y si existen registros previos al cumplimiento requerido”, se detalla.

EL CASO ODEBRECHT 

Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2005 a 2017, avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht, un caso de corrupción heredado por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a Enrique Peña Nieto. En 2016 sus propios ex directivos confesaron haber sobornado a funcionarios públicos en diversas naciones de América Latina, entre ellas a México, por 10 millones de dólares que, reveló The New York Times, estarían relacionados con Emilio Lozoya Austin, miembro de la campaña presidencial de 2012.

Sin embargo, la información de ejecutivos o testigos que podría aclarar el pago de sobornos en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos, dijo el Ministerio público brasileño a The Associated Press.

Además, el Fiscal electoral Santiago Nieto Castillo investigaba el caso cuando fue cesado. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador será el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, desde donde, ha dicho, retomará lo indagado.

Las fallas de Odebrecht iniciaron desde el término del sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006): dos de sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) obtuvieron dos contratos por licitación para la modernización de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, localizada en el municipio de Minatitlán, en Veracruz. A pesar de que las obras debían de estar listas para marzo de 2008, finalizó hasta 2012.

Al corte de 2016, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya habían 1.2 mil millones de pesos en transacciones entre Pemex y Odebrecht que no fueron aclarados, sobre proyectos en la Refinería de Tula, Hidalgo, y la de Salamanca, en Guanajuato. Solo se han aclarado 59 millones.

La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó que el órgano fiscalizador encontró sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados, además de los señalamientos por pago de sobornos. Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la PGR.

En contraste con México, desde el 8 de marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Sin embargo, la información de ejecutivos o testigos que podría aclarar el pago de sobornos en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos, dijo el Ministerio público brasileño a The Associated Press.

Además, el Fiscal electoral Santiago Nieto Castillo investigaba el caso cuando fue cesado. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador será el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, desde donde, ha dicho, retomará lo indagado.

Las fallas de Odebrecht iniciaron desde el término del sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006): dos de sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) obtuvieron dos contratos por licitación para la modernización de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, localizada en el municipio de Minatitlán, en Veracruz. A pesar de que las obras debían de estar listas para marzo de 2008, finalizó hasta 2012.

Al corte de 2016, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya habían 1.2 mil millones de pesos en transacciones entre Pemex y Odebrecht que no fueron aclarados, sobre proyectos en la Refinería de Tula, Hidalgo, y la de Salamanca, en Guanajuato. Solo se han aclarado 59 millones.

La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó que el órgano fiscalizador encontró sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados, además de los señalamientos por pago de sobornos. Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la PGR.

En contraste con México, desde el 8 de marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Desde febrero de 2011, la ASF alertó a la federación mexicana acerca de las graves irregularidades en las contrataciones de Pemex a Odebrecht. Pero el gobierno de Calderón fue omiso.

Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, carga con señalamientos por haber recibido sobornos por al menos 10 millones de dólares entre 2012 y 2014, a cambio de ayudar a Odebrecht a conseguir licitaciones con Pemex. Él, removido de Pemex en febrero de 2016, lo negó en una conferencia a lado de su abogado.

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también está manchado por un acto entre agosto de 2010 y febrero de 2011. En este periodo, las más grandes inversiones de la empresa en Veracruz –la modernización de la Refinería de Minatitlán y la construcción de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos– estaban en curso. Fue en este lapso cuando Odebrecht realizó una transferencia de 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma (Blunderbuss Company de México) vinculada al ex Gobernador veracruzano, actualmente preso con posibilidad de ser liberado en menos de un lustro.