Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Ciudadano (MC) presentaron hoy una acción de inconstitucionalidad contra la reducción de los salarios a los que trabajan en el Poder Judicial. La impugnación contra la Ley de Remuneraciones fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

En noviembre, Sonia Rojas Castro, Magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una suspensión de amparopara proteger su salario y así librar la política de Andrés Manuel López Obrador, que decreta que nadie puede ganar más o igual que el Presidente de la República. Su salario queda por el momento protegido de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La Magistrada sustentó su amparo en la inconstitucionalidad de la reducción de su salario, tras la reglamentación de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y la reforma al Código Penal Federal.

La resolución de fondo se basa en que del salario depende la autonomía e independencia de Rojas Castro en la toma de decisiones judiciales, ya que de reducirse, su condición “puede encontrarse menoscabada”.

“Se advierte de un análisis a primera vista, que el referido principio de anualidad rector de las remuneraciones de los servidores públicos, permea el derecho a la irreductibilidad de las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, contenido en el artículo 94 constitucional”, puede leerse en el dictamen.

El amparo se radicó en el expediente 747/2018 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. Ramón Lozano Bernal concedió la suspensión provisional y fue publicado el día de ayer.

El 5 de noviembre, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con lo que entrarán en vigor, cuando se apruebe el presupuesto 2019, el tope de salario para los funcionarios públicos, quienes no podrán ganas más que el Presidente del país y quita las pensiones a los ex mandatarios, entre otras regulaciones.

La legislación fue publicada por orden del Congreso de la Unión y no por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto. La legislación entrará en vigor una vez que se apruebe el Presupuesto de 2019.

En el artículo 6 I. se detalla que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

La Ley también indica, en su Artículo 11 del capítulo IV, aunque no se menciona directamente a los ex presidentes de México, se detalla:

“Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”.

Con ello se eliminan también las pensiones que se otorgaban a ex mandatarios como Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El Decreto no aparece firmado por el Presidente Peña Nieto, sino por los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Martí Batres Guadarrama y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente.