El actual gobierno de Veracruz está dispuesto a pagar cinco millones de pesos a quien proporcione información sobre Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal del estado, por su probable intervención en la desaparición forzada de personas, por entorpecer la investigación y por apoyar a que los responsables eludieran acción de la justicia. Ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos el 19 de enero de 2016, sólo reportaron seis. De los cuerpos restantes se desconoce identidad y ubicación. El que un funcionario de ese nivel participe en estos crímenes rompe todas las reglas del Estado. Bravo Contreras no sólo da una mala imagen a las instituciones, sino que representa un peligro para la sociedad, por tal motivo merece castigo ejemplar. Que así sea.

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