04/04/2018

“La Universidad Veracruzana como institución de educación superior, consciente de la problemática social, el cambio de roles sociales y el desprestigio de las instituciones, formuló un Código de Ética, aprobado por el H. Consejo Universitario. Si bien, como el documento lo expresa, se fundamenta en normas jurídicas, no se limita a éstas, ya que la Universidad como institución educativa aspira regirse por imperativos éticos.

Si consideramos que la ética es la mayor creación de la inteligencia humana, celebramos la expectativa de las autoridades y comunidad universitaria, sobre todo en función del carácter público que posee la institución. Empero, el cumplimiento de los principios, valores y normas es resultado de la voluntad de cada universitario.

La ética a nivel de discurso, materia, perfiles, está presente en la formación de los universitarios. Sin embargo, existen ejemplos de que la ética está ausente en la formación de varios de ellos, quienes ­con su actuar muestran su déficit moral, muchas veces directamente proporcional a su grado académico.

Lejos está aún la universidad de concebirse como un espacio de aprendizaje ético que guía su actuar bajo principios sensatos, mientras existan universitarios que la denosten y que con difamaciones pretendan resolver sus problemas a modo.

Pareciera que algunos miembros de la Universidad Veracruzana desconocen, además de la educación, la normatividad y los modos de proceder en ámbitos institucionales, con actos que tanto dañan las formas de interacción al interior de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Un claro ejemplo de ello lo representan un grupo de universitarios pertenecientes al Centro de Investigaciones Tropicales, quienes lejos de concentrarse en devengar el sueldo que reciben y que corresponde a recursos públicos, se han concentrado en desprestigiar a la universidad y sus actores, incluida la Dra. Sara Ladrón de Guevara.

Mediante solicitud de Acceso a la información 860/2017 se sabe que el Dr. Nisao Ogata, interpuso un recurso de queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU/233/2017) el 23 de junio de 2017, en contra de ocho académicos y nueve estudiantes (ahora egresados) del Centro de Investigaciones Tropicales, al haber sido objeto de difamación y ataque sin fundamento ni motivo personal, en diversos medios digitales, por supuestos hechos acaecidos en las instalaciones de dicha dependencia, de los cuales ninguno de los acusantes fue testigo.

Luego del análisis realizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios, el 18 de agosto de 2017 se resolvió el recurso de queja como procedente, siendo remitido a la Dra. Reyna Hernández Colorado, con la instrucción de aplicar, en su carácter de Coordinadora de CITRO, las amonestaciones establecidas en la normatividad universitaria, en caso de que el Dr. Ogata procediera formalmente con un recurso de acusación, lo cual fue ejecutado por el académico el 13 de octubre de 2017. Tal acto correspondía atender a la Dra. Citlalli López Binnqüist, designada Coordinadora de CITRO a partir del 20 de octubre de este año.

Sin embargo, la Dra. López Binnqüist no ha actuado, ya que ante la interrogante explícita de informar cual es el estado que guarda el procedimiento de acusación, mediante el Sistema de Acceso a la Información, sólo respondió un vago “en proceso”. Entonces se reflexiona… ¿Esta demora en el seguimiento del caso estará acaso relacionada con el hecho de que ella es una de las personas que ha firmado documentos sin que le consten los hechos?

Resulta interesante, por demás decir, que los miembros de CITRO aludidos se ostentaron como acusantes aguerridos, defensores de la transparencia y ejecución de la legislación universitaria para castigar “la violencia en cualquiera de sus manifestaciones”, ellos decían en sus publicaciones que “jamás serían cómplices de acto violento alguno en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria”. Resulta indignante que este grupo de universitarios, autodenominados, según las notas que circularon en algunos medios y en Facebook, “un ejemplo para la sociedad y para la juventud”, continúen impunes en su actuar en contra de otros académicos y autoridades universitarias, aun cuando ninguno de ellos fue testigo de los supuestos hechos imputados. Pero claro, cuando uno de los acusados es el encargado de aplicar los procedimientos y algún descuido puede ocurrir. No hay mejor aliado que el tiempo para “olvidar” el asunto. Al fin y cabo, se podría alegar que la legislación ya no es aplicable porque “establece una temporalidad que ya ha sido superada”. También se puede aludir al mayoriteo en algún cuerpo colegiado.

Las voces están calladas, no piden alto a la violencia ni sanciones ejemplares, ya no reclaman. Los quejosos del CITRO no invocan falsos preceptos éticos para hacer justicia según a modo y emitir aseveraciones sin fundamento. Ahora es el momento de ignorar la aplicación de la ley y nadar de “a muertito”.