La procuración de justicia electoral en el país quedó en el limbo. El lunes 16, Raúl Cervantes renunció como procurador general cuando aún no existe una Ley para la Fiscalía General, no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción y cuando ocurre también el despido del titular de la fiscalía encargada de indagar los delitos electorales. Éste último, Santiago Nieto –quien investigaba líneas de la trama de corrupción de Odebrecht que tocaban al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya–, apelará su destitución ante el Senado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En vísperas del inicio formal del proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) entró en una crisis institucional sin precedente.

Su tercer titular en el sexenio, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia el lunes 16; el presidente y el PRI decidieron posponer hasta después de los comicios la designación del fiscal general de la República; quedó acéfala la fiscalía anticorrupción, por desacuerdos entre el PRI y el PAN, y el viernes 20 Alberto Elías Beltrán, en su calidad de suplente del procurador general, cesó al titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.

Beltrán justificó el cese de Nieto Castillo porque “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia y citó los artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento de la dependencia y las facultades previstas en el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que dio origen al diseño de una nueva Fiscalía General de la República.

El equipo jurídico de Nieto prepara su defensa para este lunes 23 ante el Senado de la República, ya que la remoción del titular de la FEPADE sólo le corresponde al fiscal general, ahora inexistente, y es facultad constitucional de los senadores objetar o ratificar esta decisión en un plazo de 10 días hábiles.

Consultados por Proceso, integrantes del equipo de Nieto también argumentan que el Código de Conducta citado por la PGR no está publicado en el Diario Oficial de la Federación y no es una norma que pueda imponer sanciones.

Además, agregan, se les olvidó un “pequeño detalle”: si Nieto Castillo cometió alguna irregularidad al revelar documentación de una investigación en curso, se le debió haber iniciado un procedimiento a través de la Visitaduría General de la PGR, con garantía de audiencia, lo que nunca sucedió.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2138, ya en circulación