Agencia de noticias y periódico digital: Golpe Político

XALAPA, Ver., 20 de abril de 2017.- El presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano JDC-117/2017, fue promovido por Rogaciano Cortés Ramírez, quien se adscribe como indígena náhuatl de la comunidad de Xoxocapa, del Municipio de Ilamatlán, Veracruz, a fin de impugnar la omisión de sustanciar y resolver su recurso de inconformidad por parte de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ambas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El actor aduce violación a sus derechos de petición en materia política y de tutela judicial efectiva, toda vez que el diez de marzo del presente año, presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, escrito de inconformidad en contra del Dictamen de Improcedencia, lo que asegura no ha sido resuelto.

El actor expresa dos motivos de agravio, el primero, la omisión de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI en Veracruz, de realizar el trámite de ley a su escrito de inconformidad; y el segundo, la omisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, de resolver dicha inconformidad.

Respecto al primer motivo de agravio, este Tribunal electoral lo declaró inoperante, toda vez que de autos se advierte que la Comisión Estatal remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de las diligencias del trámite de sustanciación realizadas en el recurso de inconformidad. Documentación que, a consideración de este Tribunal, acreditan que la Comisión multicitada ya realizó el tramite respectivo, incluso el diecisiete de marzo, la Comisión Estatal remitió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, para que dictara resolución conforme a sus atribuciones. De ahí que, se encuentra colmada la pretensión del actor.

Por otra parte, respecto al segundo agravio, el actor reclama que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, ha sido omisa en resolver su escrito de inconformidad, alegando su derecho de petición en materia política y de tutela judicial efectiva.

En ese sentido, este Tribunal consideró que para tener colmado el derecho de petición en materia política, no basta la emisión de una resolución o acuerdo por parte de la autoridad con una correspondencia entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada, sino que también debe existir una debida notificación al promovente de lo resuelto a su planteamiento, de ahí que este órgano jurisdiccional estimó parcialmente fundado.

Asimismo, se advirtió en autos, que la Comisión Nacional remitió a este órgano jurisdiccional, diversa documentación, entre ella la copia certificada de la resolución emitida por la Comisión citada.

De lo que es posible advertir que la Comisión Nacional ya resolvió el medio de impugnación, desechando de plano el recurso de inconformidad presentado por Rogaciano Cortés Ramírez. Además, consta que en la misma fecha que se resolvió su inconformidad, se notificó al actor a través de los estrados de ese órgano partidista, toda vez que el actor no señaló domicilio en la circunscripción territorial de aquella Comisión Nacional.

No obstante, lo parcialmente fundado de este agravio, radica en el hecho que la Comisión Nacional, al resolver la inconformidad, ordena que la notificación al promoverte sea por estrados, bajo el argumento anteriormente precisado. Sin embargo, a criterio de este Tribunal electoral, la notificación ordenada en esa forma representa una carga procesal desfavorable para el actor en su calidad de indígena náhuatl, en el sentido que le puede representar una limitación a su derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Por lo que este Tribunal, consideró necesario ordenar a la Comisión Nacional de Justica Partidaria del PRI, notifique su resolución partidista de manera personal al actor, a través de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI en Veracruz, en un plazo de tres días naturales a partir de que le sea notificada esta sentencia.

Inexistentes supuestos actos anticipados de campaña

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, resolvieron el procedimiento especial sancionador PES 23/2017 promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de Irma Hernández Hernández, por supuestos actos anticipados de campaña y violaciones a las normas de propaganda electoral, consistentes en la red social “Facebook”, en la que se estima, que se han realizado publicaciones en los perfiles de “Irma Hernández” e “Irma Hernández Hernández”, las cuales promocionan la imagen de la denunciada como aspirante a candidata independiente, solicitando el voto, fuera de los plazos legales, violentando con ello la norma electoral.

Del análisis de las pruebas, ofrecidas por el quejoso, no se puede concluir que los hechos objeto de la denuncia existan, es decir, las únicas pruebas aportadas por el accionante fueron las imágenes insertas en su escrito de demanda, las cuales tienen el carácter de documentales técnicas, mismas que solo son indicios, que no tienen mayor valor probatorio, se deben de concatenar con algún otro medio de prueba para tener mayor grado de convicción. Si bien, la autoridad administrativa realizó la certificación solicitada por el quejoso, de las mismas, se advierte que no se logró ingresar a las publicaciones denunciadas.

Por otro lado, si bien es cierto que la denunciada reconoce como cuenta oficial y de uso personal, la identificada con el perfil de Facebook “Irma Hernández”, lo cierto es que, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral, tal situación no es suficiente para actualizar un acto anticipado de campaña o una violación a las normas de propaganda política o electoral, pues como ya se precisó, el actor no se allegó de los medios de prueba idóneos y suficientes para acreditar los hechos denunciados, ni la certificación realizada por la autoridad administrativa resulta idónea para acreditar el contenido denunciado.

Al respecto, este órgano jurisdiccional determina declarar la inexistencia de los hechos denunciados, toda vez que el denunciante no cumplió con la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento especial sancionador, respecto a probar los hechos denunciados.

En conclusión, se declaran INEXISTENTES las violaciones objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia.

TEV ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, para que, en un plazo de tres días naturales, resuelva fundando y motivando lo que en derecho proceda

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 171/2017 promovido por David Velasco Chedraui, en contra del acuerdo ACU-CEN-025-2017, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, mediante el cual realiza la designación de Ana Miriam Ferráez Centeno, como candidata de dicho instituto político, al cargo de Presidenta Municipal de Xalapa, Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2016-2017, y la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD de resolver el recurso de inconformidad y/o queja intrapartidista presentado por David Velasco Chedraui contra dicho acuerdo.

De las constancias se advierte que el actor, presentó dos demandas de juicio ciudadano, ante la Comisión Jurisdiccional del PRD y ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Por lo que, de conformidad con el principio de preclusión que rige en materia electoral es que subsistirá la demanda presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que fue la que el actor presentó en primer término, dejando insubsistente la presentada ante la Comisión Jurisdiccional del PRD, presentada en segundo lugar.

En lo referente al agravio relativo al acuerdo ACU-CEN-025-2017 del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, este Tribunal estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377, del Código Electoral, ya que el enjuiciante agotó su derecho de impugnar el acuerdo ACU-CEN-025-2017 del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, al interponer recurso partidista.

Al respecto, es oportuno destacar que la presentación de una demanda, para promover un medio de impugnación electoral, agota el derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para promover, con un nuevo o segundo escrito, el mismo medio impugnativo a fin de controvertir el mismo acto reclamado y en contra de la misma autoridad demandada.

En el caso, el actor, el treinta de marzo, presentó contra dicho acuerdo recurso de inconformidad y/o queja, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, para ser resuelto por la Comisión Nacional Jurisdiccional de dicho partido.

Por lo que, Velasco Chedraui ya agotó su derecho de acción contra el multialudido acuerdo por lo que se encuentra impedido, legalmente, para accionar la jurisdicción de este Tribunal Electoral, respecto de tal acto, por ya haberlo hecho ante el órgano intrapartidario.

Por tanto, lo conducente es sobreseer el juicio ciudadano respecto del referido acto impugnado.

Con respecto al agravio relativo a que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD no se ha pronunciado respecto a su recurso de inconformidad y/o queja, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, se considera fundado.

Ya que, el Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, adujo que el escrito interpuesto por el ciudadano David Velasco Chedraui, se encuentra en estudio para emitir la resolución correspondiente.

Sin embargo, se considera que el plazo que transcurrió desde la recepción del medio de impugnación por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD (tres de abril) a la fecha en que se resuelve este juicio ciudadano, resulta excesivo e ilegal, pues han pasado dieciséis días, incurriendo como ya se dijo en una dilación para decidir la controversia.

Máxime, que el imperativo contemplado en el artículo 146, inciso b), del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD, establece que las impugnaciones que sean competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional, que guarden relación con la postulación de candidatos a cargos de elección popular, como en la especie ocurre, debían estar resueltas diez días antes del inicio del plazo de registro de candidatos ante el órgano electoral.

En consecuencia, lo procedente es ordenar a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, para que, en un plazo de tres días naturales, resuelva fundando y motivando lo que en derecho proceda el asunto sometido a su consideración por el ciudadano David Velasco Chedraui.

TEV  confirma el acuerdo conferido a los OPLES

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, resolvieron el recurso de apelación 25/2017 promovido por Rafael Carvajal Rosado, ostentándose como representante suplente del partido político MORENA, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG055/2017 mediante el cual se aprobó el Reglamento para la constitución de partidos políticos locales en el estado de Veracruz toda vez que el actor señala que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz carece de facultades para fiscalizar a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales y sostiene que es el INE el único que tiene dicha atribución.

Este Tribunal determinó, por unanimidad de votos confirmar el acuerdo mencionado al estimarse que del reglamento de Fiscalización del INE se desprende la facultad conferida a los OPLES para poder fiscalizar a dichas organizaciones políticas a nivel local.

TEV reencauza a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz resolvieron el JDC 148/2017 donde el promovente solicita que este órgano jurisdiccional conozca del presente asunto a través del per saltum, debido a que de agotar la cadena impugnativa seria violatorio de su derecho a la administración de justicia pronta e imparcial pero sobre todo efectiva, es decir, que no limite o niegue la restitución de sus derechos político-electorales.

En el caso que nos ocupa, el inconforme impugna la designación de las candidatas y candidatos del PAN, aprobados mediante el acuerdo CPN/SG/14/2017 de fecha treinta y uno de marzo del año en curso, que serán registrados ante la autoridad electoral en el actual proceso electoral, de manera específica controvierte la designación del Síndico al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

Su pretensión principal consiste en que este Tribunal anule el acuerdo impugnado y reponga el procedimiento, al menos para tener derecho a saber cuáles fueron los mecanismos a utilizar para la designación del candidato a síndico único.

Para este órgano jurisdiccional, las razones expuestas por el promovente son insuficientes para justificar el conocimiento per saltum de su impugnación, porque el agotamiento del recurso intrapartidista no produce una merma considerable o la extinción de su pretensión.

Así las cosas, como ha quedado establecido la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, cuenta con el tiempo suficiente a partir de la emisión de la presente resolución, para sustanciar y resolver el juicio de inconformidad antes de que concluya el plazo para la presentación de la solicitud de registro para participar como aspirante a integrante de Ayuntamiento en el proceso electoral 2016-2017.

Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que existe el tiempo suficiente para que se agote el medio de defensa intrapartidario.

Por lo expuesto anteriormente resulta injustificado que el presente medio impugnativo sea conocido y resuelto por este órgano jurisdiccional a través de la vía per saltum.

Asimismo, este Tribunal Electoral también estima necesario precisar que, de la demanda de los actores se advierte que se adscriben como miembros de una comunidad indígena, de manera específica del Municipio de Texhuacan, Veracruz, lo que a criterio de este Tribunal Electoral es suficiente para reconocerles esa identidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Federal. Además, que esa calidad no está controvertida ni existe indicio sobre alguna declaración falsa al respecto.

Ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del texto constitucional, a las comunidades indígenas se les reconoce y garantiza el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, es así, que se tiene el deber legal de cualquier autoridad establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los individuos que son parte de ella.

Considerando así, sus particulares condiciones de desigualdad y facilitando el acceso efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un estado de detrimento en sus derechos o indefensión, esto por considerarles como grupo vulnerable, y constitucionalmente reconocida dicha desventaja, tanto social como económica. Tomando en consideración que la propia normativa partidaria regula que las controversias se resolverán en definitiva y en única instancia, se debe atender que, de resultar fundadas las violaciones alegadas por el actor, ello implica que se deba realizar o reponer los diversos actos regulados en la propia convocatoria.

El 3 por ciento de apoyo ciudadano de su municipio,  requisito obligatorio para ser candidato independiente

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) reiteró que es obligatorio el requisito del 3 por ciento de apoyo ciudadano en los municipios para que los aspirantes a candidatos independientes puedan solicitar su registro ante el OPLE Veracruz.

Este miércoles,  el Pleno del TEV analizó el JDC 146/2017 que presentó el ciudadano Carlos Arciniega Velázquez, aspirante a candidato independiente, para impugnar dos acuerdos de la Comisión de Prerrogativas y del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) para solicitar su anulación.

Se trata de acuerdos mediante los cuales la Comisión de Prerrogativas y del Consejo General del OPLE Veracruz resolvieron que la lista encabezada por el actor no obtuvo el porcentaje requerido de apoyo ciudadano, por lo que no era procedente que solicitara su registro como candidato independiente.

A través del JDC, el actor adujo falta de fundamentación y que el OPLE no cumplió con las garantías del Derecho de Audiencia y de Petición, por lo que solicitó la inaplicación del tres por ciento de respaldo ciudadano correspondiente a la lista nominal municipal, así como declarar inconstitucional el requisito para que las cédulas de apoyo ciudadano se acompañen con copia de la credencial de elector.

Tras analizar el expediente, el TEV determinó que los acuerdos impugnados se encuentran legalmente fundados, e identificó que se respetó la garantía de audiencia, pues el actor respondió a las dos notificaciones de inconsistencias que realizó el OPLE, por lo que confirmó el acuerdo impugnado.

Remite TEV impugnación a candidaturas a regidurías en Tierra Blanca

En sesión del pleno, los magistrados electorales declararon improcedente el JDC 176/2017 que se presentó en contra de actos del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Electoral, Comisión de Seguimiento del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión de Candidaturas del IX Consejo Estatal, todas del PRD.

En el recurso de impugnación, el promovente Mario Hernández Uscanga solicitó al TEV su intervención vía per saltum (salto de instancia), pues aseguró que las candidatas y candidatos a regidores del PRD en Tierra Blanca no se registraron para contender, por lo que consideró su designación como una vulneración de su derecho a ser votado.

En la resolución, el TEV determinó que no se actualiza  la excepción del Principio de Definitividad, por lo que remitirá el expediente al PRD  para que resuelva conforme a derecho en un plazo de tres días naturales, contados a partir del día siguiente al que reciba la totalidad de las constancias que integran el expediente.

A la Secretaría Ejecutiva del OPLE, expediente para que analice remoción de funcionario electoral municipal

Por extemporáneo, el TEV desechó el Recurso de Apelación RAP 27/2017 que presentó el Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Tantima, y con el cual impugna el nombramiento de Rogelio Pérez Arbona como Secretario.

Sin embargo, remitirá el expediente al OPLE Veracruz para que analice si procede la solicitud de remoción del funcionario, pues a decir del promovente tiene parentesco cercano con el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud de lo anterior, el TEV remitirá el expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, pues el marco jurídico contempla el procedimiento de remoción de integrantes de los consejos municipales, y el cual es competencia de la Secretaría Ejecutiva del órgano  electoral.

Se confirma Acuerdo sobre las y los candidatos independientes con derecho a solicitar su registro

El Tribunal Electoral de Veracruz confirmó el Acuerdo sobre las y los Candidatos Independientes que tendrán derecho a solicitar su registro para el Proceso Electoral 2016-2017, y declaró inválida la solicitud para negarle el registro a las listas encabezadas por Leonardo Palma Ameca y Mauricio Iván Aguirre Marín por el municipio de Córdoba, y la de Hiram Israel Barragán Alfaro por Veracruz.

En el recurso, la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró que los aspirantes no obtuvieron  el porcentaje requerido de apoyo ciudadano, y que se violó el procedimiento para verificar la autenticidad de las firmas.

Una vez hecho el estudio del RAP 24/2017, el TEV determinó desechar las pruebas pericial y de inspección judicial que presentó el actor, pues la primera no es admisible en el proceso electoral, y el partido político no especificó que firmas y de qué ciudadanos debían revisarse por el especialista en la materia.

Además, el TEV asentó que la inspección judicial requiere de conocimientos de especialistas para determinar la autenticidad de las firmas que se controvierten, por lo que desechó la inspección judicial, toda vez que el tribunal electoral no es un órgano especialista para determinar la autenticidad de las firmas de apoyo ciudadano, por lo que se confirmó el acuerdo impugnado.